Foto archivo
Caracas, 11 Mar. AVN.- Grupos delictivos
amparados por la ultraderecha utilizan la "guarimba" como licencia para
asesinar, cometer atracos y cobrar peaje a ciudadanos que tienen derecho
a transitar las calles y autopistas cerradas por estas bandas que
actúan en sectores de clase media de seis municipios del país.
Aunque son supuestamente concebidas como mecanismo de autodefensa, las guarimbas consisten en cercar las calles y vías expresas para impedir el paso de ciudadanos, ambulancias, autoridades, camiones de carga, etc. Las trancas se realizan con árboles talados, carros en llamas, basura, mobiliario público, guayas, alambres de púa, entre otros objetos que resguardan a los grupos delictivos que han asesinado a 18 personas los últimos 34 días.
Gisela Rubilar, Alexis Martínez, José Amaris, el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, Acner López, y Giovanny Pantoja, fueron asesinados a balazos al intentar abrir el paso que les cerraba la guarimba.
Otras dos personas, Santiago Pedroza y Doris Lobo, en Caracas y Mérida, fueron degolladas por las guayas y alambres de púa que los violentos colocaron en las guarimbas, definidas por la Defensoría del Pueblo como "trampas humanas".
Yohan Pineda murió al resbalar su moto en el aceite que estos grupos riegan en las vías, en especial en las curvas. Deivis Durán, motorizado de 31 años, también murió al caer en la fosa que dejó una alcantarilla abierta por los violentos.
La cuenta alcanza 22 personas fallecidas, de las cuales cuatro se mantienen en investigación por presunta implicación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, ya detenidos. Los otros 18 fueron asesinados por acción directa e indirecta de los grupos armados.
Paralelo a los asesinatos, otros hechos criminales se han suscitado con la guarimba como licencia.
En Chacao, el municipio más rico del país, y que forma parte de la Gran Caracas, "últimamente hay una ola de robos y secuestros", de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por un vecino de la localidad, al diario Últimas Noticias, en una nota publicada este lunes 10 de marzo, con el título "Altamira parece un campo de guerra".
Ha sido en Altamira (Chacao), donde se han perpetrado los más graves ataques al sistema terrestre del Metro de Caracas, el medio público de transporte más importante del país .
60 unidades terrestres del sistema han sido atacadas el último mes. 50 de las 60 unidades están fuera de servicio. 200 usuarios han sido atendidos luego de ser embestidos por guarimberos y más de 36 trabajadores del sistema han resultados heridos, algunos por piedras, otros por armas blancas.
Se registraron cinco intentos de secuestro a unidades de rutas alimentadoras.
Este lunes 10 de marzo, en la noche, el puesto desde donde se controlaba el servicio que cubría las rutas de MetroBús Altamira-El Hatillo, Altamira-El Cafetal y Altamira-La Trinidad fue incendiado.
El mobiliario de Chacao ha sido destrozado, cientos de árboles han sido talados y las calles están llenas de basura, algunas veces quemada.
300 bolívares para pasar
Este lunes, el ministro del poder popular para Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que los guarimberos en San Cristóbal, capital del Táchira, cobran peaje, es decir: A los ciudadanos que van a pie por donde se instaló la guarimba, le cobran 300 bolívares. Si 10 metros más allá hay otra, deben pagar 300 bolívares más y si se regresara por esa vía, entonces deben volver a pagar.
El porcentaje es mayor si quien solicita el paso va a bordo de un vehículo.
Detalló parte la situación de San Cristóbal, donde persisten focos de extrema violencia: "Están destrozando la propiedad privada y la colectiva. En San Cristóbal arrancan los semáforos, los postes de luz, pican los arboles completos, las cercas completas, las alcantarillas las desaparecen y las llenan de escombros".
"Donde está la guarimba lo que hay en cada barricada son delincuentes comunes", agregó Rodríguez.
La madrugada de este lunes, los grupos violentos del Táchira robaron e incendiaron instituciones del Gobierno nacional y regional.
La Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (Ucer) fue atacada con bombas molotov, piedras y balas.
El diario La Nación, de San Cristóbal, reportó los daños: "Las llamas de los artefactos explosivos provocaron que se incendiara la oficina administrativa del ente regional y que computadores y otros enseres de oficina se destruyeran o, en su defecto, que los hurtaran. Vidrios y puertas principales de la institución también quedaron completamente en ruinas, pues los daños reportados indican que las pérdidas son totales y no parciales", indica la nota.
La sede del Ministerio del Trabajo también fu incendiada. Según declaraciones de Jerzy Gómez, inspector general del Trabajo en el estado Táchira, al diario La Nación, cerca de medio centenar de encapuchados atacaron las instalaciones a las tres de la madrugada, aproximadamente.
Relató al diario que los delincuentes sometieron a los vigilantes del centro comercial donde se ubica el Ministerio.
Incendiaron el área administrativa, quemaron el mobiliario y robaron los artefactos tecnológicos, entre ellos computadoras e impresoras."Los daños en este despacho de corte nacional han sido estimados cerca a los dos millones de bolívares, pues los delincuentes se llevaron varios computadores de última generación", menciona el texto del periódico local.
Mérida: asesinatos y amenazas a trabajadores
En Mérida, las últimas acciones dieron muerte a la ciudadana de origen chileno Gisela Rubilar, de 46 años, quien fue asesinada al intentar despejar la Avenida Los Próceres, de Mérida, capital del estado Mérida, cerrada por una guarimba.
A La señora Rubilar le dispararon en uno de sus ojos el sábado 8 de marzo y murió el domingo 9, en el Hospital Universitario de Los Andes.
El mimos domingo 9, en la mañana, en las adyacencias de las Residencias Cardenal Quintero, de la capital merideña, los guarimberos secuestraron dos unidades de transporte público.
Así lo denunció el dueño de uno de los autobuses secuestrados, Robín Flores, quien dijo que los delincuentes tomaron su unidad de transporte, amenazaron a los usuarios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Dijo que los agresores planeaban quemar su autobús. Detalló que para lograr liberarlo tuvo que pagar una suma de dinero en contra de su voluntad, precisó una nota del departamento de prensa de la Gobernación de Mérida.
Luego de este hecho, los guarimberos han amenazado de muerte a choferes del transporte público merideño que salgan a trabajar.
Paramilitares y delincuencia organizada
El ministro Rodríguez Torres explicó que existen al menos de tres tipos de grupos detrás de las acciones delictivas y de las guarimbas.
Como ejemplo citó el caso de San Cristóbal, donde operan grupos entrenados por paramilitares colombianos y dirigidos por el alcalde Daniel Ceballos, del partido de ultraderecha Voluntad Popular.
Un segundo grupo sigue instrucciones de mafias enquistadas en universidades autónomas, tales como el Movimiento 13, del que forman parte Gabriela Arellano y Vilcar Fernández, dos operadores violentos del partido Voluntad Popular.
El tercer grupo es delincuencia organizada, indicó Rodríguez. Son sectores que utilizan la situación de violencia generada por los partidos políticos y sus grupos para robar y secuestrar, como ya ocurre en el municipio Chacao, en Miranda.
Aunque son supuestamente concebidas como mecanismo de autodefensa, las guarimbas consisten en cercar las calles y vías expresas para impedir el paso de ciudadanos, ambulancias, autoridades, camiones de carga, etc. Las trancas se realizan con árboles talados, carros en llamas, basura, mobiliario público, guayas, alambres de púa, entre otros objetos que resguardan a los grupos delictivos que han asesinado a 18 personas los últimos 34 días.
Gisela Rubilar, Alexis Martínez, José Amaris, el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, Acner López, y Giovanny Pantoja, fueron asesinados a balazos al intentar abrir el paso que les cerraba la guarimba.
Otras dos personas, Santiago Pedroza y Doris Lobo, en Caracas y Mérida, fueron degolladas por las guayas y alambres de púa que los violentos colocaron en las guarimbas, definidas por la Defensoría del Pueblo como "trampas humanas".
Yohan Pineda murió al resbalar su moto en el aceite que estos grupos riegan en las vías, en especial en las curvas. Deivis Durán, motorizado de 31 años, también murió al caer en la fosa que dejó una alcantarilla abierta por los violentos.
La cuenta alcanza 22 personas fallecidas, de las cuales cuatro se mantienen en investigación por presunta implicación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, ya detenidos. Los otros 18 fueron asesinados por acción directa e indirecta de los grupos armados.
Paralelo a los asesinatos, otros hechos criminales se han suscitado con la guarimba como licencia.
En Chacao, el municipio más rico del país, y que forma parte de la Gran Caracas, "últimamente hay una ola de robos y secuestros", de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por un vecino de la localidad, al diario Últimas Noticias, en una nota publicada este lunes 10 de marzo, con el título "Altamira parece un campo de guerra".
Ha sido en Altamira (Chacao), donde se han perpetrado los más graves ataques al sistema terrestre del Metro de Caracas, el medio público de transporte más importante del país .
60 unidades terrestres del sistema han sido atacadas el último mes. 50 de las 60 unidades están fuera de servicio. 200 usuarios han sido atendidos luego de ser embestidos por guarimberos y más de 36 trabajadores del sistema han resultados heridos, algunos por piedras, otros por armas blancas.
Se registraron cinco intentos de secuestro a unidades de rutas alimentadoras.
Este lunes 10 de marzo, en la noche, el puesto desde donde se controlaba el servicio que cubría las rutas de MetroBús Altamira-El Hatillo, Altamira-El Cafetal y Altamira-La Trinidad fue incendiado.
El mobiliario de Chacao ha sido destrozado, cientos de árboles han sido talados y las calles están llenas de basura, algunas veces quemada.
300 bolívares para pasar
Este lunes, el ministro del poder popular para Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que los guarimberos en San Cristóbal, capital del Táchira, cobran peaje, es decir: A los ciudadanos que van a pie por donde se instaló la guarimba, le cobran 300 bolívares. Si 10 metros más allá hay otra, deben pagar 300 bolívares más y si se regresara por esa vía, entonces deben volver a pagar.
El porcentaje es mayor si quien solicita el paso va a bordo de un vehículo.
Detalló parte la situación de San Cristóbal, donde persisten focos de extrema violencia: "Están destrozando la propiedad privada y la colectiva. En San Cristóbal arrancan los semáforos, los postes de luz, pican los arboles completos, las cercas completas, las alcantarillas las desaparecen y las llenan de escombros".
"Donde está la guarimba lo que hay en cada barricada son delincuentes comunes", agregó Rodríguez.
La madrugada de este lunes, los grupos violentos del Táchira robaron e incendiaron instituciones del Gobierno nacional y regional.
La Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (Ucer) fue atacada con bombas molotov, piedras y balas.
El diario La Nación, de San Cristóbal, reportó los daños: "Las llamas de los artefactos explosivos provocaron que se incendiara la oficina administrativa del ente regional y que computadores y otros enseres de oficina se destruyeran o, en su defecto, que los hurtaran. Vidrios y puertas principales de la institución también quedaron completamente en ruinas, pues los daños reportados indican que las pérdidas son totales y no parciales", indica la nota.
La sede del Ministerio del Trabajo también fu incendiada. Según declaraciones de Jerzy Gómez, inspector general del Trabajo en el estado Táchira, al diario La Nación, cerca de medio centenar de encapuchados atacaron las instalaciones a las tres de la madrugada, aproximadamente.
Relató al diario que los delincuentes sometieron a los vigilantes del centro comercial donde se ubica el Ministerio.
Incendiaron el área administrativa, quemaron el mobiliario y robaron los artefactos tecnológicos, entre ellos computadoras e impresoras."Los daños en este despacho de corte nacional han sido estimados cerca a los dos millones de bolívares, pues los delincuentes se llevaron varios computadores de última generación", menciona el texto del periódico local.
Mérida: asesinatos y amenazas a trabajadores
En Mérida, las últimas acciones dieron muerte a la ciudadana de origen chileno Gisela Rubilar, de 46 años, quien fue asesinada al intentar despejar la Avenida Los Próceres, de Mérida, capital del estado Mérida, cerrada por una guarimba.
A La señora Rubilar le dispararon en uno de sus ojos el sábado 8 de marzo y murió el domingo 9, en el Hospital Universitario de Los Andes.
El mimos domingo 9, en la mañana, en las adyacencias de las Residencias Cardenal Quintero, de la capital merideña, los guarimberos secuestraron dos unidades de transporte público.
Así lo denunció el dueño de uno de los autobuses secuestrados, Robín Flores, quien dijo que los delincuentes tomaron su unidad de transporte, amenazaron a los usuarios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Dijo que los agresores planeaban quemar su autobús. Detalló que para lograr liberarlo tuvo que pagar una suma de dinero en contra de su voluntad, precisó una nota del departamento de prensa de la Gobernación de Mérida.
Luego de este hecho, los guarimberos han amenazado de muerte a choferes del transporte público merideño que salgan a trabajar.
Paramilitares y delincuencia organizada
El ministro Rodríguez Torres explicó que existen al menos de tres tipos de grupos detrás de las acciones delictivas y de las guarimbas.
Como ejemplo citó el caso de San Cristóbal, donde operan grupos entrenados por paramilitares colombianos y dirigidos por el alcalde Daniel Ceballos, del partido de ultraderecha Voluntad Popular.
Un segundo grupo sigue instrucciones de mafias enquistadas en universidades autónomas, tales como el Movimiento 13, del que forman parte Gabriela Arellano y Vilcar Fernández, dos operadores violentos del partido Voluntad Popular.
El tercer grupo es delincuencia organizada, indicó Rodríguez. Son sectores que utilizan la situación de violencia generada por los partidos políticos y sus grupos para robar y secuestrar, como ya ocurre en el municipio Chacao, en Miranda.
AVN
11/03/2014 18:02
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