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Caracas, 18 Ene. AVN.- El 19 de enero de
1999 la Corte Suprema de Justicia decidió que sí era posible consultarle
al pueblo venezolano, como Poder Originario, si estaba de acuerdo con
la convocatoria para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que
elaborara una nueva Carta Magna acorde con los nuevos tiempos que le
tocaría vivir a la República.
La elaboración de una nueva Constitución fue la bandera política del entonces candidato por el Polo Patriótico, Hugo Chávez, quien ganó las elecciones de 1998 con el 62,46% de los votos, contra los candidatos de la oposición Henrique Salas Römer (31,48%) e Irene Sáez (4,60%).
Se sumó a dicha propuesta la del Movimiento V República, que previó para la instalación del nuevo Congreso, el 23 de enero de 1999, la apertura de un debate parlamentario para convocar a dicho referéndum por la vía legislativa.
Ante la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y luego de la victoria popular de 1998, la oposición introdujo el 17 de diciembre de ese mismo año un recurso de interpretación ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad del llamado a referéndum consultivo.
Este recurso lo introdujeron basados en el Artículo 234 de la Ley de Sufragio y Participación Política de 1997 que establecía que tanto el Consejo Supremo Electoral, como los partidos políticos y grupos de electores pueden consultarle a dicha sala "respecto a las materias objeto de esta ley y de las normas de otras leyes que regulan la materia electoral, los referendos consultivos y la Constitución".
El día de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez, 2 de febrero de 1999, a través del Decreto presidencial Nº3, se convoca al referéndum consultivo, el cual fue rechazado por los partidos de oposición.
Para dicho momento el debate generado en el país y plasmado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, discutió la condición del pueblo como un poder supraconstitucional, sobre la base de que la Constitución emana del Poder Constituyente que reside en el soberano.
En tal sentido, la Constitución entonces vigente (1961) no limitaba al pueblo, sino al Poder Constituido. "Cuando se trata del gobierno ordinario, en cualquiera de las tres ramas en que se distribuye su funcionamiento, estamos en presencia del Poder Constituido. En cambio, lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es función del Poder Constituyente", expone la sentencia.
Asimismo, explica que "lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es función del Poder Constituyente".
La decisión dictada el 19 de enero sobre tal recurso de interpretación sentenció, con base en el Artículo 181 de la Ley de Sufragio y Participación Política, que sí era posible realizar dicha consulta al pueblo venezolano como Poder Constituyente Originario.
Estableció que a través del referéndum consultivo "puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente".
Posteriormente correspondió la revisión de las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para el referéndum por parte del Consejo Nacional Electoral, que las modificó en marzo de 1999 y semanas después, el domingo 25 de abril de ese año se realizó la consulta al pueblo venezolano, que aprobó la propuesta a través de dos preguntas en las que ganó el Sí con 87,75% y 81,74% de los votos, respectivamente.
El 25 de julio de 1999, mediante sufragio directo, secreto y universal, se realizó la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, donde fueron electos 126 miembros del Polo Patriótico de los 131 en total y a partir del 3 de agosto, fecha de su instalación, comenzaron a elaborar el proyecto de Constitución aprobada posteriormente por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 mediante referéndum aprobatorio con 71,78% de los votos.
La aprobación de la Constitución Bolivariana marcó el camino de la democracia representativa y protagónica que creó las condiciones para una mayor participación popular, demostrada en otras consultas como el Referéndum Presidencial (2004), referendos revocatorios para Amazonas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda y Portuguesa (2007), Referéndum Constitucional (2007) y Referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional (2009).
Igualmente, permite la organización del pueblo, que con Carta Magna en mano rescató la dignidad nacional ante los eventos desestabilizadores promovidos por la derecha en 2002 y 2003, y continúa trabajando de forma corresponsable con las distintas instancias de gobierno, reforzando su rol de poder popular.
La elaboración de una nueva Constitución fue la bandera política del entonces candidato por el Polo Patriótico, Hugo Chávez, quien ganó las elecciones de 1998 con el 62,46% de los votos, contra los candidatos de la oposición Henrique Salas Römer (31,48%) e Irene Sáez (4,60%).
Se sumó a dicha propuesta la del Movimiento V República, que previó para la instalación del nuevo Congreso, el 23 de enero de 1999, la apertura de un debate parlamentario para convocar a dicho referéndum por la vía legislativa.
Ante la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y luego de la victoria popular de 1998, la oposición introdujo el 17 de diciembre de ese mismo año un recurso de interpretación ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad del llamado a referéndum consultivo.
Este recurso lo introdujeron basados en el Artículo 234 de la Ley de Sufragio y Participación Política de 1997 que establecía que tanto el Consejo Supremo Electoral, como los partidos políticos y grupos de electores pueden consultarle a dicha sala "respecto a las materias objeto de esta ley y de las normas de otras leyes que regulan la materia electoral, los referendos consultivos y la Constitución".
El día de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez, 2 de febrero de 1999, a través del Decreto presidencial Nº3, se convoca al referéndum consultivo, el cual fue rechazado por los partidos de oposición.
Para dicho momento el debate generado en el país y plasmado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, discutió la condición del pueblo como un poder supraconstitucional, sobre la base de que la Constitución emana del Poder Constituyente que reside en el soberano.
En tal sentido, la Constitución entonces vigente (1961) no limitaba al pueblo, sino al Poder Constituido. "Cuando se trata del gobierno ordinario, en cualquiera de las tres ramas en que se distribuye su funcionamiento, estamos en presencia del Poder Constituido. En cambio, lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es función del Poder Constituyente", expone la sentencia.
Asimismo, explica que "lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es función del Poder Constituyente".
La decisión dictada el 19 de enero sobre tal recurso de interpretación sentenció, con base en el Artículo 181 de la Ley de Sufragio y Participación Política, que sí era posible realizar dicha consulta al pueblo venezolano como Poder Constituyente Originario.
Estableció que a través del referéndum consultivo "puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente".
Posteriormente correspondió la revisión de las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para el referéndum por parte del Consejo Nacional Electoral, que las modificó en marzo de 1999 y semanas después, el domingo 25 de abril de ese año se realizó la consulta al pueblo venezolano, que aprobó la propuesta a través de dos preguntas en las que ganó el Sí con 87,75% y 81,74% de los votos, respectivamente.
El 25 de julio de 1999, mediante sufragio directo, secreto y universal, se realizó la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, donde fueron electos 126 miembros del Polo Patriótico de los 131 en total y a partir del 3 de agosto, fecha de su instalación, comenzaron a elaborar el proyecto de Constitución aprobada posteriormente por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 mediante referéndum aprobatorio con 71,78% de los votos.
La aprobación de la Constitución Bolivariana marcó el camino de la democracia representativa y protagónica que creó las condiciones para una mayor participación popular, demostrada en otras consultas como el Referéndum Presidencial (2004), referendos revocatorios para Amazonas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda y Portuguesa (2007), Referéndum Constitucional (2007) y Referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional (2009).
Igualmente, permite la organización del pueblo, que con Carta Magna en mano rescató la dignidad nacional ante los eventos desestabilizadores promovidos por la derecha en 2002 y 2003, y continúa trabajando de forma corresponsable con las distintas instancias de gobierno, reforzando su rol de poder popular.
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