Foto archivo
Caracas, 05 Oct. AVN.- La Fiscal General
de la República y presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad,
Luisa Ortega Díaz, manifestó esta sábado su compromiso de continuar las
investigaciones sobre los crímenes, violaciones de los derechos humanos
y delitos de lesa humanidad entre 1958 y 1998.
Ortega resaltó que "la disposición de la Fiscal General de la República, el compromiso de la Fiscal General, del Ministerio Público, para que estos hechos se investiguen, se determine la verdad y se sancione a los responsables es un punto de honor".
"Es un ejercicio permanente de responsabilidad y de compromiso con todas las víctimas, los familiares directos e indirectos y con todo el pueblo venezolano", agregó dijo la fiscal durante el acto conmemorativo de los 31 años de la masacre de Cantaura, en el estado Anzoátegui.
En 1982 un grupo de 23 integrantes del Frente Américo Silva (FAS), perteneciente al entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por el organismos de seguridad del Estado, en el gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns.
Ortega Díaz señaló que en este hecho hubo una actuación desproporcionada por parte de los organismos de seguridad del Estado.
En el hecho 400 funcionarios de la Disip (Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), del Ejército, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, con aviones, tendieron un cerco a este grupo de venezolanos.
La Fiscal indicó que la masacre de Cantaura es una muestra de la política de Estado de entonces. "Una época que hemos denominado como terrorismo de Estado, donde el Estado tenía como política perseguir a los luchadores sociales, a la disidencia política para masacrarla, asesinarla, desaparecerla y exterminarla".
Subrayó el compromiso del Estado venezolano de resolver los casos relacionados con crímenes de este tipo cometidos por parte de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.
Avances en la investigación
Ortega Díaz destacó que por la masacre de Cantaura ya han sido imputadas tres personas, el exdirector de la desaparecida Disip, Remberto Uzcátegui, el exdirector de inteligencia de dicho organismo, José Domingo Yépez, y el comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Agregó que otra dos personas han sido citadas dentro de la investigación, entre ellas está el Fiscal Militar en aquel momento, Alys Guerra; el jefe de la Brigada Territorial de El Tigre, Clemente Eduardo Rojas de Rosas, y el médico forense de la Medicatura Forense de Anaco, Guillermo Solano Solano.
"También hemos solicitado dos órdenes de captura", una de ellas es contra Henry López Sisco, adelantó la Fiscal General.
López Sisco, quien tiene ya una solicitud de extradición en Costa Rica, está acusado por el homicidio calificado con alevosía de nueve estudiantes en mayo de 1986, en un caso conocido como "La masacre de Yumare", y se le acusa por su participación en 1988 en la llamada masacre de El Amparo, ocurrida durante los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi.
Ortega resaltó que "la disposición de la Fiscal General de la República, el compromiso de la Fiscal General, del Ministerio Público, para que estos hechos se investiguen, se determine la verdad y se sancione a los responsables es un punto de honor".
"Es un ejercicio permanente de responsabilidad y de compromiso con todas las víctimas, los familiares directos e indirectos y con todo el pueblo venezolano", agregó dijo la fiscal durante el acto conmemorativo de los 31 años de la masacre de Cantaura, en el estado Anzoátegui.
En 1982 un grupo de 23 integrantes del Frente Américo Silva (FAS), perteneciente al entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por el organismos de seguridad del Estado, en el gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns.
Ortega Díaz señaló que en este hecho hubo una actuación desproporcionada por parte de los organismos de seguridad del Estado.
En el hecho 400 funcionarios de la Disip (Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), del Ejército, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, con aviones, tendieron un cerco a este grupo de venezolanos.
La Fiscal indicó que la masacre de Cantaura es una muestra de la política de Estado de entonces. "Una época que hemos denominado como terrorismo de Estado, donde el Estado tenía como política perseguir a los luchadores sociales, a la disidencia política para masacrarla, asesinarla, desaparecerla y exterminarla".
Subrayó el compromiso del Estado venezolano de resolver los casos relacionados con crímenes de este tipo cometidos por parte de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.
Avances en la investigación
Ortega Díaz destacó que por la masacre de Cantaura ya han sido imputadas tres personas, el exdirector de la desaparecida Disip, Remberto Uzcátegui, el exdirector de inteligencia de dicho organismo, José Domingo Yépez, y el comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Agregó que otra dos personas han sido citadas dentro de la investigación, entre ellas está el Fiscal Militar en aquel momento, Alys Guerra; el jefe de la Brigada Territorial de El Tigre, Clemente Eduardo Rojas de Rosas, y el médico forense de la Medicatura Forense de Anaco, Guillermo Solano Solano.
"También hemos solicitado dos órdenes de captura", una de ellas es contra Henry López Sisco, adelantó la Fiscal General.
López Sisco, quien tiene ya una solicitud de extradición en Costa Rica, está acusado por el homicidio calificado con alevosía de nueve estudiantes en mayo de 1986, en un caso conocido como "La masacre de Yumare", y se le acusa por su participación en 1988 en la llamada masacre de El Amparo, ocurrida durante los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi.
AVN
05/10/2013 12:15
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