Caracas, 27 Jun. AVN.- El Ministerio para
la Vivienda y Hábitat emitió el pasado 12 de junio una resolución que
ordena que las viviendas de los urbanismos intervenidos por el Estado
para proteger a sus compradores víctimas de estafa inmobiliaria por
constructoras privadas, solo podrán venderse a la empresa estatal
Inmobiliaria Nacional, durante un lapso de cinco años.
El ministro Ricardo Molina destacó este jueves que esta medida busca garantizar justicia social en estos casos, pues luego de que los estafados lograron recibir sus viviendas, tras la actuación del Ejecutivo, que los defendió de las empresas privadas que incumplieron los contratos de venta, lapsos, precios y condiciones acordadas, ahora algunas personas pretendían comercializar las casas a precios especulativos.
Mencionó como ejemplo una vivienda en el estado Carabobo, cuyo precio convenido inicialmente entre el comprador y el estafador fue de 90.000 bolívares. El Estado logró la conclusión del urbanismo e hizo efectiva la venta a ese monto. "A las dos semanas las venden en 700.000 bolívares", señaló.
"El Estado intervino para garantizar el derecho a la vivienda, para proteger los derechos de quienes querían hacer de la vivienda una mercancía", recordó Molina.
La banca aportó los recursos para concluir las obras, por instrucción del Gobierno, que garantizó los materiales, maquinarias y profesionales para finalmente entregar las viviendas a sus legítimos compradores.
Puntualizó que si la familia necesita vender la vivienda, puede hacerlo al Ministerio, a través de la Inmobiliaria Nacional. "Se actualiza el precio, para resarcirle el esfuerzo que significó dar ese dinero en aquel momento", explicó a su salida de una reunión con constructores privados que participan en el plan del Estado 0800 MI HOGAR, dirigido a la clase media.
"No podemos permitir que tras un gran esfuerzo para que se respetara el derecho a la vivienda, no al negocio, se venda una vivienda que costó 300.000 bolívares en 3 millones de bolívares. Eso estaba ocurriendo", advirtió. "En el fondo, es una cuestión de justicia", resaltó.
En 2010, el comandante Hugo Chávez ordenó la intervención de varios urbanismos en construcción promovidos por empresas privadas, tras múltiples denuncias de sus compradores sobre la violación de los contratos de venta. Unas 23.000 familias fueron amparadas. El Ejecutivo logró que los bancos financiaran la culminación de los proyectos, para que los afectados obtuvieran su techo.
De esa cifra, solo restan unas 6.000 unidades habitacionales por entregar, indicó este jueves el ministro. Se trata de casos en los que no hubo banco asociado al urbanismo y la constructora desapareció, y solo existe el terreno.
"Estamos viendo cómo estructurar un esquema financiero para resarcir el derecho violado haciendo ajustes", señaló.
Esto implica casos en los que, por ejemplo, el precio pactado originalmente era de 100.000 bolívares para aquella época. Ahora, el Estado se compromete a culminar la vivienda, pero necesariamente debe hacer los ajustes de precio, en función de los nuevos costos de la construcción. Precisó que será, en todo caso, a un monto justo y actualizado.
Pagos de la Misión Vivienda
Consultado por los periodistas, Molina refirió que se han acelerado los trámites para que las personas que han obtenido sus casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la política habitacional del Estado, cancelen las sumas justas y accesibles por sus viviendas, de acuerdo con el esquema de subsidio establecido por el Ejecutivo.
En mayo pasado, el presidente Nicolás Maduro instruyó esta acción, a fin de constituir el Fondo Central de Vivienda, que permita tener recursos para la Misión.
"Hay algunas que no se habían podido comenzar a cobrar porque no se tenía el documento formal de compra-venta. Esos documentos se han venido acelerando, a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)", precisó Molina, y señaló que ya cuentan con casi 60% de los documentos emitidos.
"Nos hemos venido acompasando con este tema. Con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y la banca pública estamos haciendo toda una operación para acelerar este asunto y poner cada vez más al día el tema del cobro", agregó.
Apuntó que con apoyo de las instituciones financieras del Estado está en proceso de constitución un centro de pago que facilite el trámite.
Estos recursos son captados en la actualidad por el Banavih y posteriormente irán al Fondo Central de Vivienda.
Hasta ahora, la Misión Vivienda ha construido más de 390.000 unidades habitacionales, desde su creación en abril de 2011. Es una cifra sin precedentes en el país.
Alerta con el subsidio
El ministro también informó que han detectado y sancionado casos de personas que reportan ingresos inferiores a los que realmente tienen, como vía para obtener el subsidio que otorga el Estado para que las familias de menores recursos puedan obtener su vivienda.
Señaló que han multado a los bancos que tramitan estos beneficios sin que el solicitante realmente califique para obtenerlo.
Impulsan este trabajo con el Banavih y las instituciones financieras. "Estamos actuando en consecuencia para transparentar el tema de los subsidios y continuar con esta política que pretende hacer práctico el socialismo en la adquisición vivienda y apoyar al que más lo necesita", enfatizó.
El Subsidio Directo Habitacional es una ayuda no reembolsable que otorga el Estado. Va desde 100% del costo de la vivienda, para quienes reciben menos de un salario mínimo al mes (2.457,02 bolívares), hasta 10% del precio, para los que ganan hasta cuatro salarios mínimos (9.828,08 bolívares).
El ministro Ricardo Molina destacó este jueves que esta medida busca garantizar justicia social en estos casos, pues luego de que los estafados lograron recibir sus viviendas, tras la actuación del Ejecutivo, que los defendió de las empresas privadas que incumplieron los contratos de venta, lapsos, precios y condiciones acordadas, ahora algunas personas pretendían comercializar las casas a precios especulativos.
Mencionó como ejemplo una vivienda en el estado Carabobo, cuyo precio convenido inicialmente entre el comprador y el estafador fue de 90.000 bolívares. El Estado logró la conclusión del urbanismo e hizo efectiva la venta a ese monto. "A las dos semanas las venden en 700.000 bolívares", señaló.
"El Estado intervino para garantizar el derecho a la vivienda, para proteger los derechos de quienes querían hacer de la vivienda una mercancía", recordó Molina.
La banca aportó los recursos para concluir las obras, por instrucción del Gobierno, que garantizó los materiales, maquinarias y profesionales para finalmente entregar las viviendas a sus legítimos compradores.
Puntualizó que si la familia necesita vender la vivienda, puede hacerlo al Ministerio, a través de la Inmobiliaria Nacional. "Se actualiza el precio, para resarcirle el esfuerzo que significó dar ese dinero en aquel momento", explicó a su salida de una reunión con constructores privados que participan en el plan del Estado 0800 MI HOGAR, dirigido a la clase media.
"No podemos permitir que tras un gran esfuerzo para que se respetara el derecho a la vivienda, no al negocio, se venda una vivienda que costó 300.000 bolívares en 3 millones de bolívares. Eso estaba ocurriendo", advirtió. "En el fondo, es una cuestión de justicia", resaltó.
En 2010, el comandante Hugo Chávez ordenó la intervención de varios urbanismos en construcción promovidos por empresas privadas, tras múltiples denuncias de sus compradores sobre la violación de los contratos de venta. Unas 23.000 familias fueron amparadas. El Ejecutivo logró que los bancos financiaran la culminación de los proyectos, para que los afectados obtuvieran su techo.
De esa cifra, solo restan unas 6.000 unidades habitacionales por entregar, indicó este jueves el ministro. Se trata de casos en los que no hubo banco asociado al urbanismo y la constructora desapareció, y solo existe el terreno.
"Estamos viendo cómo estructurar un esquema financiero para resarcir el derecho violado haciendo ajustes", señaló.
Esto implica casos en los que, por ejemplo, el precio pactado originalmente era de 100.000 bolívares para aquella época. Ahora, el Estado se compromete a culminar la vivienda, pero necesariamente debe hacer los ajustes de precio, en función de los nuevos costos de la construcción. Precisó que será, en todo caso, a un monto justo y actualizado.
Pagos de la Misión Vivienda
Consultado por los periodistas, Molina refirió que se han acelerado los trámites para que las personas que han obtenido sus casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la política habitacional del Estado, cancelen las sumas justas y accesibles por sus viviendas, de acuerdo con el esquema de subsidio establecido por el Ejecutivo.
En mayo pasado, el presidente Nicolás Maduro instruyó esta acción, a fin de constituir el Fondo Central de Vivienda, que permita tener recursos para la Misión.
"Hay algunas que no se habían podido comenzar a cobrar porque no se tenía el documento formal de compra-venta. Esos documentos se han venido acelerando, a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)", precisó Molina, y señaló que ya cuentan con casi 60% de los documentos emitidos.
"Nos hemos venido acompasando con este tema. Con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y la banca pública estamos haciendo toda una operación para acelerar este asunto y poner cada vez más al día el tema del cobro", agregó.
Apuntó que con apoyo de las instituciones financieras del Estado está en proceso de constitución un centro de pago que facilite el trámite.
Estos recursos son captados en la actualidad por el Banavih y posteriormente irán al Fondo Central de Vivienda.
Hasta ahora, la Misión Vivienda ha construido más de 390.000 unidades habitacionales, desde su creación en abril de 2011. Es una cifra sin precedentes en el país.
Alerta con el subsidio
El ministro también informó que han detectado y sancionado casos de personas que reportan ingresos inferiores a los que realmente tienen, como vía para obtener el subsidio que otorga el Estado para que las familias de menores recursos puedan obtener su vivienda.
Señaló que han multado a los bancos que tramitan estos beneficios sin que el solicitante realmente califique para obtenerlo.
Impulsan este trabajo con el Banavih y las instituciones financieras. "Estamos actuando en consecuencia para transparentar el tema de los subsidios y continuar con esta política que pretende hacer práctico el socialismo en la adquisición vivienda y apoyar al que más lo necesita", enfatizó.
El Subsidio Directo Habitacional es una ayuda no reembolsable que otorga el Estado. Va desde 100% del costo de la vivienda, para quienes reciben menos de un salario mínimo al mes (2.457,02 bolívares), hasta 10% del precio, para los que ganan hasta cuatro salarios mínimos (9.828,08 bolívares).
AVN
27/06/2013 18:27
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