Caracas, 11 Abr. AVN.- El Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) sancionó a 12 meses de privación de libertad e
inhabilitó políticamente al exalcalde del municipio San Cristóbal del
estado Táchira, Daniel Ceballos, tras comprobar que éste no evitó la la
ejecución de guarimbas en esa jurisdicción, tal como había ordenado el
Alto Juzgado el pasado 17 de marzo, a través de la sentencia Nº 137.
Del mismo modo, el Máximo Tribunal declaró la ausencia absoluta de Ceballos como alcalde de San Cristóbal, y estableció que mientras se realicen las elecciones municipales el próximo 25 de mayo para elegir al nuevo alcalde, deberá encargarse del ayuntamiento el presidente del Concejo Municipal, Eduardo Delgado.
El fallo del TSJ ordenó la remisión de copia de la sentencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, para que se investigue la posible responsabilidad administrativa del sancionado, por las afectaciones a los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la hacienda pública nacional y municipal, conforme a la ley.
A su vez, ordenó hacer lo propio hacia el Ministerio Público, para que determine el inicio de la investigación penal, por posibles atentados contra el libre tránsito, el medioambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación y la independencia nacional, entre otros.
Táchira ha sido uno de los estados donde más violencia se ha generado durante el intento de golpe de Estado que emprendió la derecha venezolana, que ha ocasionado el asesinato de 41 personas y más de 300 heridos. Además, generó el destrozo de numerosos espacios privados y organismos públicos.
Del mismo modo, el Máximo Tribunal declaró la ausencia absoluta de Ceballos como alcalde de San Cristóbal, y estableció que mientras se realicen las elecciones municipales el próximo 25 de mayo para elegir al nuevo alcalde, deberá encargarse del ayuntamiento el presidente del Concejo Municipal, Eduardo Delgado.
El fallo del TSJ ordenó la remisión de copia de la sentencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, para que se investigue la posible responsabilidad administrativa del sancionado, por las afectaciones a los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la hacienda pública nacional y municipal, conforme a la ley.
A su vez, ordenó hacer lo propio hacia el Ministerio Público, para que determine el inicio de la investigación penal, por posibles atentados contra el libre tránsito, el medioambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación y la independencia nacional, entre otros.
Táchira ha sido uno de los estados donde más violencia se ha generado durante el intento de golpe de Estado que emprendió la derecha venezolana, que ha ocasionado el asesinato de 41 personas y más de 300 heridos. Además, generó el destrozo de numerosos espacios privados y organismos públicos.
AVN
11/04/2014 16:16
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